Solicitud de entrada y registro en domicilio acordada en un procedimiento de comprobación e inspección

Solicitud de entrada y registro en domicilio acordada en un procedimiento de comprobación e inspección

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 10 Octubre 2019

La solicitud de entrada y registro en domicilio acordada en un procedimiento de comprobación e inspección debe atender a criterios de necesidad y proporcionalidad.


El Supremo se pronuncia sobre los requisitos que debe superar la autorización de entrada en un domicilio, requisitos que sitúa en un triple filtro: idoneidad de la medida, – que resulte útil para la actuación inspectora-, necesidad de la medida – que no exista otra medida sustitutiva más moderada que la intromisión que se pretende-, y proporcionalidad de la medida, – ponderando los beneficios de tal medida para el fin perseguido frente al sacrificio de un derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 1343/2019, 10 Oct. Rec. 2818/2017

Toda autorización judicial para que una Administración pública pueda entrar en un inmueble a efectos de poder ejecutar forzosamente una previa actuación administrativa, constituye por sí misma una excepción constitucional y legal al principio de autotutela administrativa reconocido a favor de las administraciones públicas por razón de la necesaria efectividad del derecho fundamental subjetivo a la inviolabilidad domiciliaria.

Ahora el Supremo se pronuncia sobre los requisitos que debe superar la autorización de entrada en un domicilio, requisitos que sitúa en un triple filtro: idoneidad de la medida, – que resulte útil para la actuación inspectora-, necesidad de la medida – que no exista otra medida sustitutiva más moderada que la intromisión que se pretende-, y proporcionalidad de la medida, – ponderando los beneficios de tal medida para el fin perseguido frente al sacrificio de un derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.

En el caso, subraya el Supremo que la única finalidad de la solicitud efectuada por la Agencia Tributaria fue determinar si los gastos, trabajos e inversiones realizadas por la mercantil inspeccionada para materializar las dotaciones al factor de agotamiento pendientes en los ejercicios objeto de comprobación, cumplían o no los requisitos legales, esto es, si, por su estricta relación con la actividad minera, tenían como objetivo alguno de los previstos en la normativa aplicable (la explotación e investigación de nuevos yacimientos minerales y demás recursos geológicos, la investigación que permita mejorar la recuperación o calidad de los productos obtenidos, la suscripción o adquisición de valores representativos del capital social de empresas dedicadas exclusivamente a las actividades mineras, así como a la explotación de yacimientos minerales y demás recursos geológicos), y aun en el caso de aceptar que el contribuyente pudiera haber estado efectuando reinversiones que no son aptas como materialización de las dotaciones y que la Administración tributaria conoce -o presume- esa inidoneidad a tenor de una inspección anterior, la medida no fue proporcionada.

Nada impedía que en el procedimiento de comprobación incoado se requiriera a la empresa para que acreditara sus reinversiones y, en su caso, constatada su falta de aptitud, se dictara la oportuna liquidación del impuesto sobre sociedades de los ejercicios comprobados integrando en su base imponible la suma dotada y no reinvertida con sus intereses.

La Inspección no necesitaba entrar en el domicilio de la entidad y hacerse con los datos relativos a las supuestas reinversiones indebidas porque le bastaba con solicitar del contribuyente los extremos necesarios de la materialización y, si éstos no acreditan la idoneidad de la misma, rechazarla, incluyendo en el IS lo dotado y no reinvertido.

No se entiende en el caso que pruebas podía hacer desaparecer el contribuyente -como señala la Inspección en su solicitud de entrada- si es él el que tiene que probar la reinversión, su cuantía y la sujeción de la actividad en la que se reinvierte a las previsiones legales.

Tampoco acierta a comprender la Sala cual era el “factor sorpresa” para asegurar el éxito de las diligencias de investigación y comprobación de la Inspección Tributaria cuando es el obligado tributario el que tiene toda la carga de probar la concurrencia de los requisitos legales correspondientes.

Por ello, el Supremo declara que no era necesario sacrificar el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio como única forma -principio de subsidiariedad- de garantizar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la ley en relación con el factor de agotamiento por la razón esencial de que la finalidad de la entrada y registro (constatar la aptitud de la materialización) no era necesaria para que la Administración actuase sus potestades de comprobación e inspección.

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09/11/19

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De | 2019-11-11T08:09:34+00:00 9 noviembre 2019|Noticias|