El derecho a la reclamación tras la sentencia del Tribunal Constitucional

El derecho a la reclamación tras la sentencia del Tribunal Constitucional

El 14 de marzo de 2020 el Gobierno ordenó el cierre de todos los establecimientos de España, causando una crisis económica y social sin precedentes en el sector.


Ni siquiera durante la Guerra Civil se prohibió en España “la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas” contenida en la declaración del estado de alarma.

La publicación íntegra de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucionales algunos apartados del Real Decreto del estado de alarma, nos permite valorar jurídicamente las consecuencias de dichos cierres.

En febrero de 2021 un grupo de hosteleros organizados a través de la web lahosteleriadetodos.org inició una reclamación por los daños y perjuicios sufridos durante aquellos difíciles meses. Posteriormente otros sectores, como hoteles, distribuidores, pequeños comercios, operadores turísticos…ejercitaron también su legítimo derecho a la reclamación.

El fundamento jurídico de estas reclamaciones no reside en una posible antijuricidad de las medidas adoptadas por el Gobierno y autorizadas por el Congreso. En línea con las argumentaciones del Tribunal Constitucional, las medidas fueron necesarias y acordes con las adoptadas en otros países para paliar la trágica crisis sanitaria.

Ahora bien, defienden los afectados, eso no debe limitar el derecho a la reclamación reconocido en el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981 de estado de alarma, excepción y sitio, para aquellos que durante la vigencia del estado de alarma hayan sufrido daños y perjuicios.

Y así parece desprenderse también de la Sentencia del Tribunal Constitucional al determinar el alcance de la declaración de inconstitucionalidad. Si bien excluye que la inconstitucionalidad apreciada en la sentencia sea por sí misma título para fundar reclamaciones, añade un último inciso de extraordinaria relevancia: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981”. Esta diferenciación realizada por el tribunal dota de una mayor consistencia y solidez a las reclamaciones planteadas.

Si bien la declaración de inconstitucionalidad no será suficiente para iniciar con éxito un procedimiento general de responsabilidad patrimonial, la sentencia excluye expresamente de esta limitación a las reclamaciones fundadas en el artículo 3.2 de la Ley del estado de alarma, que podrán continuar su tramitación hasta, probablemente, su valoración por la sala tercera del Tribunal Supremo.

(fuente: expansion.com | DIEGO SOLANA CREMADES & CALVO-SOTELO)

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06/08/21

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De | 2021-08-06T09:21:00+00:00 6 agosto 2021|Noticias|