Efectos y consecuencias de la estimación por silencio positivo de un ERTE – Argumentos en Derecho Laboral

Efectos y consecuencias de la estimación por silencio positivo de un ERTE – Argumentos en Derecho Laboral

En la entrada de hoy, después de analizar en otras entradas los efectos del compromiso de mantenimiento del empleo y las posibilidades de despido de los trabajadores temporales durante y después del COVID19, voy a analizar qué puede esperar una empresa cuyo ERTE ha sido autorizado por la Administración. No voy a entrar en cuáles son los plazos para el silencio positivo ni en las causas para estos ERTES (cuestiones que ya han sido tratadas magníficamente por otros compañeros de la Doctrina), solamente en qué pasa si efectivamente se obtiene esa Autorización por el paso del tiempo.

En primer lugar, la existencia de silencio positivo por trascurso del plazo legalmente fijado implicará la imposibilidad de la Administración de resolver ese expediente en sentido negativo.

Por esta razón, conseguida la autorización – aunque sea por silencio positivo- el SEPE estará obligada a abonar a los trabajadores el desempleo –bien total si es una suspensión bien parcial si ha habido una reducción de jornada-.

Ahora bien, cabe recordar que el sábado 28 de marzo se publicó el RDL 9/2020, 27 mar., por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. Esta normativa en la DA segunda establece

En aplicación de lo previsto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes. Será sancionable igualmente, conforme a lo previsto en dicha norma, la conducta de la empresa consistente en solicitar medidas, en relación al empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas.
El reconocimiento indebido de prestaciones a la persona trabajadora por causa no imputable a la misma, como consecuencia de alguno de los incumplimientos previstos en el apartado anterior, dará lugar a la revisión de oficio del acto de reconocimiento de dichas prestaciones. En tales supuestos, y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por la persona trabajadora, deduciéndolas de los salarios dejados de percibir que hubieran correspondido, con el límite de la suma de tales salarios. La obligación de devolver las prestaciones prevista en el apartado anterior, en cuantosanción accesoria, será exigible hasta la prescripción de las infracciones referidas en elTexto Refundido de la Ley de infracciones y Sanciones en el Orden Social que resultenaplicables, de conformidad con las reglas específicas y de vigencia expresa previstos eneste real-decreto ley.

Esto viene a suponer un régimen sancionatorio que desincentiva el abuso en el uso de la figura del ERTE. Así pues, a pesar de estar autorizado un ERTE las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes. Será sancionable igualmente, conforme a lo previsto en dicha norma, la conducta de la empresa consistente en solicitar medidas, en relación al empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas.

Estos hechos –fraude, irregularidades o medidas no necesarios o sin conexión suficiente con la causa que lo origina – dará lugar a la revisión de oficio del acto de reconocimiento de dichas prestaciones. En tales supuestos, y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por la persona trabajadora, deduciéndolas de los salarios dejados de percibir que hubieran correspondido, con el límite de la suma de tales salarios.

Adicionalmente, el RDL en la DA cuarta dictamina que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluirá, entre sus planes de actuación, la comprobación de la existencia de las causas alegadas en las solicitudes y comunicaciones de expedientes temporales de regulación de empleo basados en las causas de los artículos 22 y 23 del RDL 8/2020, de 17 de marzo, es decir, no solo de los ERTEs por fuerza mayor sino también los del art. 23 del RDl 8/2020 serán especialmente vigilados.

EN RESUMEN

La autorización por silencio administrativo obliga a la Administración a considerar el expediente autorizado y a pagar a los trabajadores el desempleo y exime a la empresa de esos salarios –y en su caso de las cotizaciones a la Seguridad Social conforme art. 25 al RD 8/2020-. No obstante, la Administración se reserva el derecho a investigar y considerar excesivo el expediente revocando sus efectos y, en su caso, sancionando.

(fuente: www.adriantodoli.com)

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06/04/20

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De | 2020-04-06T15:48:05+00:00 6 abril 2020|Noticias|